Medidas del 22 de Abril relacionadas con COVID-19

En el día de hoy han sido publicadas en el BOE con carácter de urgencia en relación con la situación del COVID, a continuación les relacionamos las que consideramos más importantes

Medidas para reducir los costes de pymes y autónomos: arrendamientos locales

En el caso de contrato de arrendamiento de un inmueble afecto a la actividad económica desarrollada por un autónomo o por una PYME siempre que cumplan los siguientes requisitos:

  1. Estar afiliado y en situación de alta, en la fecha de la declaración del estado de alarma de 14 de marzo de 2020 en el Régimen de Autónomos, o bien en la caso de las PYMES siempre que cumplan dos de las circunstancias siguientes:

– su volumen de facturación no supere los 8 millones de €

– importe del activo no supere los 4 millones de €

– no superen los 50 trabajadores (número medio)

b) Que su actividad haya quedado suspendida como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, o por órdenes dictadas por la Autoridad competente y las Autoridades competentes delegadas al amparo del referido real decreto.

c) En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se deberá acreditar la reducción de la facturación del mes natural anterior al que se solicita el aplazamiento en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la facturación media mensual del trimestre al que pertenece dicho mes referido al año anterior.

Podrán solicitar a sus arrendadores, en el plazo de un mes desde el 22 de Abril de 2020 y siempre que no hubiera habido un acuerdo entre ellos de moratoria, aplazamiento o rebaja de carácter voluntario:

  • cuando el arrendador sea una empresa o entidad pública de vivienda, o un gran tenedor, entendiendo por tal la persona física o jurídica que sea titular de más de 10 inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2, una moratoria en el pago de la renta arrendaticia que se aplicará de manera automática y afectará al periodo de tiempo que dure el estado de alarma y sus prórrogas y a las mensualidades siguientes, prorrogables una a una, si aquel plazo fuera insuficiente en relación con el impacto provocado por el COVID-19, sin que puedan superarse, en ningún caso, los cuatro meses. Dicha renta se aplazará, sin penalización ni devengo de intereses, a partir de la siguiente mensualidad de renta arrendaticia, mediante el fraccionamiento de las cuotas en un plazo de dos años, que se contarán a partir del momento en el que se supere la situación aludida anteriormente, o a partir de la finalización del plazo de los cuatro meses antes citado, y siempre dentro del plazo de vigencia del contrato de arrendamiento o cualquiera de sus prórrogas.
  • En los casos en que el arrendador no cumpla con los requisitos anteriores, un aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta.

Medidas de ámbito tributario

  • Con efectos desde el 22 de abril de 2020 y vigencia hasta el 31 de julio de 2020, se aplicará el tipo del 0 por ciento del VA a las entregas de bienes, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de bienes de productos sanitarios cuyos destinatarios sean entidades de Derecho Público, clínicas o centros hospitalarios, o entidades privadas de carácter social. Se documentarán en factura como operaciones exentas.
  • Aplicación del tipo reducido de IVA del 4% a “Los libros, periódicos y revistas, incluso cuando tengan la consideración de servicios prestados por vía electrónica, que no contengan única o fundamentalmente publicidad y no consistan íntegra o predominantemente en contenidos de vídeo o música audible, así como los elementos complementarios que se entreguen conjuntamente con aquellos mediante precio único”
  • Opción extraordinaria por la modalidad de pagos fraccionados prevista en el artículo 40.3 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. 

Los contribuyentes del Impuesto de Sociedades que no facturen más de 600.000 mil € (ni apliqen el régimen de consolidación fiscal de grupos de sociedades) y cuyo plazo para la presentación del pago fraccionado del Impuesto de sociedades se extendió hasta e 20 de mayo, podrán acgerse a la modalidad de cálculo del pago fraccionado por Ingresos y gastos.

Para los contribuyentes que no se incluyan en el apartado anterior, y cuya cifra de negocios del 2019 no haya superado los 6 millones de euros podrán ejercitar la opción de calcular el pago fraccionado por ingresos y gastos mediante la presentación en plazo del segundo pago fraccionado (20 primeros días del mes de octubre 2020). El pago fraccionado efectuado en los 20 días naturales del mes de abril de 2020 será deducible de la cuota del resto de pagos fraccionados que se efectúen a cuenta del mismo período impositivo determinados con arreglo a la opción prevista en el párrafo anterior.

El contribuyente que ejercite dicha opción únicamente quedará vinculado respecto de los pagos fraccionados del 2020.

  • método de estimación objetiva y régimen simplificado IVA (Módulos) en 2.020

Renuncia tácita: Los contribuyentes que renuncien al método de estimación objetiva mediante la presentación del pago fraccionado correspondiente al primer trimestre del 2020, podrán volver a determinar su rendimiento neto con arreglo al sistema de módulos en el ejercicio 2021, ya sea mediante revocación en diciembre del 2020 o mediante la presentación del primer trimestre del 2021.

Aquellos que no quieran renunciar y se mantengan en el 2020 en el sistema de módulos, para el cálculo de la cantidad a ingresas en función de los datos base, no computaran en cada trimestre natural, como días de ejercicio de la actividad, los días naturales en los que hubiera estado decretado el estado de alarma en dicho trimestre.

  • No inicio del período ejecutivo para determinadas deudas tributarias en el caso de concesión de financiación a la que se refiere el artículo 29 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 para aquellas declaraciones presentadas en plazo siempre que se aporte a la administración tributaria certificado dela entidad financiera acreditando la solicitud de la financiación con las deudas objeto de la misma.

Medidas ámbito laboral

Situación legal de desempleo por extinción de la relación laboral en el período de prueba producida durante la vigencia del estado de alarma.

La extinción de la relación laboral durante el período de prueba a instancia de la empresa, producida a partir del día 9 de marzo de 2020, tendrá la consideración de situación legal de desempleo con independencia de la causa por la que se hubiera extinguido la relación laboral anterior.

Asimismo, se encontrarán en situación legal de desempleo y en situación asimilada al alta, las personas trabajadoras que hubieran resuelto voluntariamente su última relación laboral a partir del día 1 de marzo de 2020, por tener un compromiso firme de suscripción de un contrato laboral por parte de otra empresa, si esta hubiera desistido del mismo como consecuencia de la crisis derivada del COVID-19. La situación legal de desempleo se acreditará mediante comunicación escrita por parte de la empresa a la persona trabajadora desistiendo de la suscripción del contrato laboral comprometido como consecuencia de la crisis derivada del COVID 19.

Cotización en situación de inactividad en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la Seguridad Social.

Con efectos desde el uno de enero de 2020, a los trabajadores que hubiesen realizado un máximo de 55 jornadas reales cotizadas en el año 2019, se les aplicará a las cuotas resultantes durante los periodos de inactividad en 2020 una reducción del 19,11 por ciento.

Suspensión de plazos en el ámbito de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

El periodo de vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, así como sus posibles prórrogas, no computará a efectos de los plazos de duración de las actuaciones comprobatorias de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social