MEDIDAS ECONOMICAS COVID-19

Como ya les anunciamos el consejo de Ministros se reunió durante el día de ayer para aprobar una serie de medidas económicas a efectos de paliar las consecuencias de las pérdidas de actividad derivadas de las diferentes medidas que se han llevado a cabo para la contención de la expansión del coronavirus, que han sido publicadas en el día de hoy en el BOE.
A continuación les enumeramos las medidas más relevantes intentando hacerlo de forma clara y concisa para su mejor comprensión y resaltando aquellos matices que consideramos relevantes.

Medidas de apoyo a los trabajadores, familias y colectivos vulnerables

  • Se concede un suplemento de crédito de 300.000€ en el Presupuesto del Ministerio de Derechos Sociales para financiar un Fondo Social Extraordinario que podrá destinarse a la financiación de proyectos y las contrataciones laborales necesarias para el desarrollo de las prestaciones derivadas de las consecuencias sociales del COVID-19.
  • Garantía de suministro de agua y energía a consumidores vulnerables, los suministradores de energía eléctrica, gas natural y agua no podrán suspender el suministro a aquellos consumidores en los que concurra la condición de consumidor vulnerable durante el plazo de un mes desde el día de hoy. Aquellos que disponían de bono social, el mismo se prorroga automáticamente, hasta el próximo 15 de septiembre de 2020.

Medidas excepcionales para facilitar el teletrabajo

Deberán ser prioritarias frente a la cesación temporal o reducción de la actividad.
Con el objetivo de facilitar el ejercicio de la modalidad de teletrabajo en aquellos sectores, empresas o puestos de trabajo en las que no estuviera prevista hasta el momento, se entenderá cumplida la obligación de efectuar la evaluación de riesgos, a través de una autoevaluación realizada voluntariamente por la propia persona trabajadora.
A efectos de facilitar la aplicación de lo recogido en este precepto, le adjuntaremos  un documento para efectuar la correspondiente autoevaluación.

Derecho de adaptación de las condiciones de trabajo y reducción de jornada por circunstancias excepcionales de cuidado relacionadas con el Covid-19

Afecta a las personas trabajadoras por cuenta ajena que acrediten deberes de cuidado a personas que requieren de su presencia por razones de edad, de enfermedad o discapacidad y hasta segundo grado de consaguinidad, así como que concurran las circunstancias excepcionales relacionadas con el Covid-19 (decisiones adoptadas por las Autoridades gubernativas que impliquen cierre de centros educativos o de cualquier otra naturaleza).

  • El derecho a la adaptación de la jornada podrá referirse a la distribución del tiempo de trabajo o a cualquier otro aspecto de las condiciones de trabajo (cambio de turno, alteración de horario, horario flexible, jornada partida o continuada, cambio de centro de trabajo, cambio de funciones, cambio en la forma de prestación de trabajo, incluyendo teletrabajo, o cualquier otro cambio que estuviera disponible dentro de la empresa), siempre y cuando el trabajador lo justifique y sea razonable y proporcionada, existiendo un equilibrio entre las necesidades de atención y cuidado debidamente acreditadas con las necesidades organizativas de la empresa.
  • El derecho a la reducción especial de la jornada de trabajo en las situaciones previstas en el artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores (reducción de jornada, con la disminución proporcional del salario) será aplicable a cualquier trabajador, siempre y cuando concurran las circunstancias excepcionales descritas anteriormente. El trabajador deberá comunicarlo a la empresa con 24 horas de antelación

En el caso de que la persona trabajadora se encontrara disfrutando ya de una adaptación de su jornada por conciliación, o de reducción de jornada por cuidado de hijos o familiares, o de alguno de los derechos de conciliación previstos en el ordenamiento laboral, podrá renunciar temporalmente a él o tendrá derecho a que se modifiquen los términos de su disfrute de modo que pueda acomodarse mejor a las circunstancias excepcionales concurrentes.

Moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual

Se establece una moratoria en el pago de las hipotecas de la vivienda habitual sin intereses de demora, para aquellos colectivos de vulnerabilidad económica ocasionada por el Covid-19, entendiéndose como tal:

  • Personas en situación de desempleo y empresarios o profesionales que sufran una pérdida sustancial de sus ingresos o ventas. Es decir, cuando el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,3 o la caída de las ventas sea al menos del 40%.
  • Que el conjunto de ingresos de la unidad familiar no supere en el mes anterior a la solicitud de la moratoria:

-Con carácter general, tres veces el IPREM ( 537,84€mes)

-Este límite se incrementa en 0.1 veces el IPREM, por cada hijo y por      cada persona mayor de 65 años a cargo de la unidad familiar.

-En caso de familias monoparentales el incremento por hijo a cargo será de 0.15 veces el IPREM.

-En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, el límite 4 veces el IPREM, sin perjuicio de los incrementos acumulados por hijo a cargo.
-En el caso de que el deudor hipotecario sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, o persona con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 65 por ciento, el límite será de 5 veces el IPREM

• La cuota hipotecaria, más el gasto de los suministros básicos debe ser superior o igual al 35% de los ingresos netos de la unidad familiar.

Los fiadores, avalistas e hipotecantes no deudores que se encuentren en los supuestos de vulnerabilidad económica podrán exigir que la entidad agote el patrimonio del deudor principal, aun cuando en el contrato hubieran renunciado expresamente al beneficio de excusión.

Tramitación:
El deudor tendrá que presentar en la entidad bancaria la justificación de que cumple con los requisitos mediante la aportación de certificado de estar en desempleo, certificado de cese de actividad expedido por la Agencia tributaria o CCAA, libro de familia, etc.

La solicitud en la moratoria se debe presentar en la entidad financiera hasta 15 días despúes de la vigencia del Real Decreto (un mes desde el 18/03/2020). La entidad bancaria deberá comunicar la resolución en un plazo de 15 días desde la presentación de la misma estipulando el plazo de la moratoria.

Prestación extraordinaria por cese de actividad para los afectados por declaración del estado de alarma ocasionada por el COVID-19

Los autónomos, cuyas actividades queden suspendidas, en virtud del RD 463/2020, o bien cuando su facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre anterior, tendrán derecho a una prestación extraordinaria por cese de actividad.

Requisitos:

  1. Estar dados de alta en el RETA en la fecha de declaración del estado de alarma (14/03/20). No es preciso tener la cobertura por cese de actividad de trabajador autónomo ni la carencia mínima exigida para esta prestación.
  2. Cuando la actividad NO se haya visto suspendida directamente por el RD, deberán acreditar la reducción de la facturación en un 75% respecto al semestre anterior.
  3. Si tienen trabajadores a cargo, debe realizar un ERTE y, además, solicitar el cese de actividad.
  4. Hallarse al corriente de pago con la seguridad social. No obstante, se deja un plazo improrrogable de 30 días para abonar la cuotas debidas.

Prestación:

Cuantía y duración: 70% de la base reguladora y duración un mes, a no ser que se prorrogue el estado de alarma. Si no se tuviera carencia, para el cálculo de la prestación a percibir, se tendrá en cuenta la base de cotización mínima (944,35€).
El tiempo de su percepción se entenderá como cotizado y no reducirá los períodos de prestación por cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro.

Garantía de liquidez para sostener la actividad económica ante las dificultades transitorias consecuencia de la situación

  • Para facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos del COVID-19, se otorgarán avales a la financiación concedida por entidades de crédito a empresas y autónomos de 100.000 millones €
  • Ampliación del límite de endeudamiento neto del ICO en 10.000 milones € con el fin de aumentar las Líneas ICO de financiación a empresas y autónomos.
  • Lineas extraordinarias de cobertura de seguros para empresas en las que el negocio internacional represente al menos un 33% de la cifra de negocios o bien sean exportadoras regulares durante los últimos 4 años y tengan problemas de liquidez.

Suspensión de plazos en el ámbito tributario.
Se amplían los siguientes plazos:

  • los vencimientos de los plazos y fracciones de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento concedidos
  • los plazos relacionados con el desarrollo de las subastas y adjudicación de bienes
  • los plazos para atender los requerimientos, diligencias de embargo y solicitudes de información con trascendencia tributaria, para formular alegaciones, solicitudes de ingresos indebidos, etc
  • los plazos para atender requerimientos y solicitud de información del catastro

Hasta el 30 de abril los ya notificados antes del 18/03/2019, y hasta el 20 de mayo los notificados con posterioridad a dicha fecha.

En cuanto a Recursos de reposición y Recursos ante el Tribunal económico administrativo se entenderán notificadas las resoluciones que les pongan fin cuando se acredite un intento de notificación de la resolución entre el 18/03/2020 y el 30/04/2020 y el plazo para interponer recurso no se iniciará hasta dicha fecha.

Medidas excepcionales en relación a los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor (ERTEs)

Afectan a suspensiones de contrato y reducciones de jornada que se produzcan a causa de las distintas medidas gubernativas adoptadas como consecuencia del Covid-19, que queden debidamente acreditados, es decir

  • Suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad.
  • Situaciones urgentes y extraordinarias debidas el contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria.

En todos los casos se requerirá que el inicio de la relación laboral o societaria hubiera sido es decir, 18 de marzo de 2020.

Procedimiento:

  •  Se iniciará mediante solicitud de la empresa, que se acompañará de un informe relativo a la vinculación de la pérdida de la actividad como consecuencia del COVID-19, así como de la correspondiente documentación acreditativa (a valorar en cada caso y a la espera de que se entre en más detalle).
  • La existencia de fuerza mayor deberá ser constatada por la autoridad laboral, que dictará resolución en 5 días desde la solicitud, previo informe, en su caso, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para también constatar la existencia de fuerza mayor, e igualmente deberá emitirlo en un plazo improrrogable de 5 días.

Efectos:

  • Exoneración del 100% de las cuotas de cotización en el caso de Pymes (del 75% en otros casos), que se aplicará por la Tesorería General de la Seguridad Social a instancia del empresario, previa comunicación de la identificación de los trabajadores y período de la suspensión o reducción de la jornada.
  • Reconocimiento del derecho a la prestación contributiva por desempleo, a las personas trabajadoras afectadas aunque carezcan del período de ocupación cotizada mínimo necesario para ello.
  • El tiempo de cobro de la prestación por desempleo por esta causa no consumirá la prestación por desempleo a la que tuviera derecho a percibir el trabajador antes de esta situación.
  • La base reguladora de la prestación será la resultante de computar el promedio de las bases de los últimos 180 días cotizados o, en su defecto, del período de tiempo inferior, inmediatamente anterior a la situación legal de desempleo producida por las circunstancias extraordinarias que han originado directamente la suspensión del contrato o la reducción de la jornada de trabajo.
  • La duración de la prestación se extenderá hasta la finalización del período de suspensión del contrato de trabajo o de reducción temporal de la jornada de trabajo de las que trae causa.
  • Las solicitudes de alta inicial o reanudación de la prestación y el subsidio por desempleo realizada fuera de los plazos establecidos legalmente (15 días hábiles siguientes a la baja en la empresa) no implicará que se reduzca la duración del derecho a la prestación correspondiente.

Medidas excepcionales en relación a los procedimientos de suspensión y reducción de jornada por causa económica, productiva, organizativa y técnica

Afecta a los supuestos que se decida por la empresa la suspensión de contrato o reducción temporal de la jornada por causas económicas, productivas, técnicas y organizativas relacionadas con el COVID-19, es decir, cuando NO son por causas de fuerza mayor.

Procedimiento:

  • Cuando no exista representación legal de los trabajadores (empresas de menos de 50 trabajadores), se deberá constituir una comisión representativa para la negociación del período de consultas entre empresa y trabajadores
  • La comisión representativa deberá estar constituida en el improrrogable plazo de 5 días.
  • El periodo de consultas con los representantes de los trabajadores o la comisión representativa prevista en el punto anterior y la empresa no deberá exceder del plazo máximo de 7 días.
  • El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuya solicitud será potestativa para la autoridad laboral, se emitirá en el plazo improrrogable de 7 días.

Efectos:

  • Reconocimiento del derecho a la prestación contributiva por desempleo, a las personas trabajadoras afectadas aunque carezcan del período de ocupación cotizada mínimo necesario para ello.
  • El tiempo de cobro de la prestación por desempleo por esta causa no consumirá la prestación por desempleo a la que tuviera derecho a percibir el trabajador antes de esta situación.
  • La base reguladora de la prestación será la resultante de computar el promedio de las bases de los últimos 180 días cotizados o, en su defecto, del período de tiempo inferior, inmediatamente anterior a la situación legal de desempleo producida por las circunstancias extraordinarias que han originado directamente la suspensión del contrato o la reducción de la jornada de trabajo.
  • La duración de la prestación se extenderá hasta la finalización del período de suspensión del contrato de trabajo o de reducción temporal de la jornada de trabajo de las que trae causa.
  • Las solicitudes de alta inicial o reanudación de la prestación y el subsidio por desempleo realizada fuera de los plazos establecidos legalmente (15 días hábiles siguientes a la baja en la empresa) no implicará que se reduzca la duración del derecho a la prestación correspondiente.

Salvaguarda de empleo

Las medidas extraordinarias en el ámbito laboral del presente Real Decreto-ley estarán sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de 6 meses desde la fecha de la reanudación de la actividad.


Otras ayudas 

Paralelamente, las comunidades autónomas están trabajando en establecer ayudas económicas.  De momento, la Generalitat de Catalunya ha establecido una serie de ayudas para paliar los efectos producidos por la pandemia del COvid-19 las más relevantes son:

  • Moratoria en los plazos de autoliquidación y pago de todos los tributos propios y cedidos de la Generalidad de Cataluña hasta que finalice el estado de alarma decretado por el Gobierno español el pasado 14 de marzo.
  • Ayudas a autónomos (se solicitará a partir del 1 de abril del 2.020).

Se pone en marcha una ayuda de hasta 2.000 euros para aquellos trabajadores autónomos dedicados a actividades de las que se haya decretado el cierre por la crisis del coronavirus, y que a             la   vez acrediten una reducción drástica e involuntaria de su facturación.
Para acceder a la ayuda deberán acreditar pérdidas económicas en marzo de 2020 en relación con el año anterior. En caso de que el trabajador tenga una antigüedad el Régimen Especial de             Trabajadores Autónomos inferior a un año, se tomará como referencia el promedio de facturación mensual desde el alta. La ayuda se otorgará hasta que se agote la partida habilitada de 7,5               millones.

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